El Consejo de Estado tomó la valentía que pone un punto de quiebre en la discusión sobre los poderes del Ocupación Manifiesto, pero aclaró habrá revisiones obligatorias y automáticas de la entrada corte. Así se cocinó el importante defecto.
Redacción Web/LN
La Sala Plena del Consejo de Estado tomó una de las decisiones más cruciales y esperadas en el mundo legislativo y político de Colombia. El parada tribunal puso un punto de quiebre en la discusión sobre los poderes que tiene o no la Procuraduría para sancionar a funcionarios de opción popular como alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas.
Con ponencia del vicepresidente de la Corporación, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, la entrada corte determinó que el Ocupación Manifiesto sí podrá aplicar este tipo de sanciones. Pero, aclaró que el problema de fondo quedará en manos del Congreso y que las decisiones estarán sujetas a revisión obligatoria y cibernética en los casos de destituciones e inhabilidades.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Cháves, explicó que esta valentía se basó en lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, en la que se exhortó al Congreso de la República para que “adopte un estatuto de los servidores públicos de opción popular, incluido un régimen disciplinario exclusivo, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y seguro de los derechos políticos y electorales”.
El presidente de la entrada corte incluso dijo que La Sala Plena, que tiene por ahora 24 consejeros en la mesa, votó dando como resultado cuatro salvamentos de voto y 16 votos a patrocinio de la ponencia del Álvarez Parra.
Por otro costado, los dos magistrados aclararon igualmente que lo definido por la Sala Plena es de carácter transitorio, mientras que el Congreso, si así lo decide, debe expedir las normas que definan definitivamente el poder de la Procuraduría para sancionar a este tipo de funcionarios.
“El Congreso, como ya lo había dicho la Corte Constitucional, es el que debe expedir el estatuto lícito que defina el principio de reserva legislativo que está contemplado como principio convencional, entonces la nota que subrayo es que esta es una valentía que por su esencia es transitoria y depende de la valentía del Congreso”, dijo Milton Cháves.
Con información de: El Espectador