La iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de cerca de 500,000 migrantes que trabajan en España sin papeles y sin derechos básicos ha sido admitida a trámite en el Congreso, excepto por la oposición de Vox. Esta medida, respaldada por más de 611,000 firmas y 900 organizaciones sociales, busca brindar derechos básicos a las personas migrantes que viven y trabajan en España de manera irregular. La propuesta continuará su trámite parlamentario, donde los grupos podrán presentar enmiendas.
La ILP destaca que las personas migrantes en situación irregular enfrentan obstáculos para acceder a la sanidad pública, alquilar vivienda o solicitar plaza en comedores escolares para sus hijos. Por lo tanto, la regularización de su situación administrativa es crucial para garantizar sus derechos fundamentales. La aceptación de la iniciativa por parte del Congreso ha sido recibida con celebración por parte de las personas migrantes y las organizaciones sociales, aunque se mantendrán vigilantes ante posibles recortes de derechos durante el proceso parlamentario.
Es importante destacar que, desde los años ochenta, gobiernos tanto del PSOE como del PP han recurrido a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes para acabar con la economía sumergida y otorgar derechos a quienes se encontraban en situación irregular. La última regularización tuvo lugar en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a cerca de 600,000 trabajadores migrantes.
La aceptación de esta ILP refleja la voz de la ciudadanía y evidencia que la democracia está escuchando las demandas de las personas migrantes en España. La activista Edith Espínola, portavoz de la ILP Regularización Ya, confía en que esta regularización se convierta en ley para que las personas migrantes en situación administrativa irregular no teman ser deportadas o enviadas a centros de internamiento. Además, destaca la importancia de mejorar el acceso al sistema de asilo en España para garantizar la protección de quienes lo necesitan.