En medio de aplausos, el Gobierno Franquista radicó en el Senado el plan de ley que reglamenta la Atribución Agraria y Rural. Sin confiscación, parte de la interpretación del articulado revivió el sombra de la desposeimiento exprés.
CATERÍN MANCHOLA
@cate_manchola
La Atribución Agraria y Rural se incluyó en la Constitución Política mediante el Acto Parlamento No. 03 de 2023. Pero faltaba reglamentarla y para ello, ayer fue radicado un plan en la comisión Primera del Senado que ha causado revuelo en el país.
La Atribución Agraria y Rural es un tipo de honestidad específico y un nuevo poder que la Constitución Política le otorgó a los jueces y magistrados para resolver, de modo monopolio y especializada, los conflictos agrarios y rurales. Esta se sumó a las demás Jurisdicciones que existen en la Rama Legislativo: la Atribución Ordinaria, la Atribución Contenciosa – Administrativa, la Atribución Constitucional, y la Atribución Particular para la Paz (JEP).
Sin confiscación, faltaba presentar en presencia de el Congreso de la República el plan de ley ordinario para determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, así como establecer el procedimiento específico agreste y rural. Esa iniciativa fue radicada ayer por los ministerios de Conciencia, Agricultura y del Interior.
Durante el acto se recordó que el Acuerdo de Paz del año 2016 entre la banda de las Farc – EP y el Gobierno Franquista planteó como punto 1 la reforma rural integral, y que en el entorno de ello se han creado varias instituciones y mecanismos como la mencionada Atribución Agraria y Rural.
El senador Humberto de La Calle, quien fue el jerarca del equipo negociador del Gobierno, todavía estuvo presente en el aplaudido acto de la radicación. Así mismo, la bancada Comunes, el partido político de las extintas Farc -EP. Igualmente campesinos y congresistas.
“Resolver el conflicto”
“La utensilio implica tener camino a la honestidad, ir en presencia de un togado que va a resolver el conflicto y vamos a evitar resolver los conflictos de modo violenta”, enfatizó la ministra de Conciencia, Ángela María Buitrago. De esta modo, el campesino podrá crear un “derecho directo en sus poblaciones a estos jueces para obtener obtener lo que por tantos abriles fue objeto de despojo de modo violenta”, complementó.
Detalló que el plan radicado, adicionalmente de apuntarle al cumplimiento del Acuerdo de Paz, tendrá en cuenta el derecho a la tierra y a la semilla. Será “jurídico y expedito”, lo que significa la posibilidad de consentir de modo “rápida y ágil a la honestidad”, explicó. Y todavía exhortó a estudiar y entender por cuenta propia el plan, para no caer en desinformación.
Por su parte la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino aseguró que “protegeremos con garantías y firmeza la propiedad privada y a quienes producen la tierra”.
“Desposeimiento exprés”
Durante la trayecto previo, una de las congresistas que más lanzó advertencias fue la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda: “tal como me lo temía, quieren incluir la desposeimiento exprés”, alertó.
Según su interpretación, “El artículo 5º numeral 4º del plan de ley señala que serán sujetos de desposeimiento todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si cierto tiene una finca en un demarcación fértil, puede expropiarse?”.
Aseveró la militante de Alianza Verde que “Lo más difícil está en el parágrafo 1º del artículo 12. Allí se señala que los procedimientos especiales como los de desposeimiento, serán resueltos por la Agencia Franquista de Tierras, una entidad administrativa, cuando hoy lo hace un Mediador de la República”.
Igualmente se unieron a la denuncia los congresistas de derecha y examen al Gobierno Franquista como la senadora Paloma Valencia (Centro Tolerante). “Tiene un principio admisiblemente raro que es que protege al más débil. Y yo me preguntaba, ¿quién es el débil? El invasor o el invadido”, dijo. Igualmente aseveró que “Con este plan se acaba la inversión en el campo”.
El gobierno replica
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino le salió al paso a la representante y aseguró que el plan de ley que radicaron es “absolutamente claro en que la desposeimiento agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cual desposeimiento exprés hablan?”, cuestionó.
“Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agreste, la desposeimiento agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto burócrata. Se difumina la responsabilidad en la establecimiento de los intereses de la Nación con la adquisición directa”.
El plan ahora tendrá varios ponentes para primer debate en la comisión. Debe pasar cuatro debates en el Congreso.
Reaccioan los congresistas huilenses
La representante a la Cámara por el Huila, Flora Perdomo dijo que respalda la iniciativa y que esta resolverá “problemas como: dirimir linderos, establecer temas de posesión de tierras, pertenencias, relación de tenencia, relaciones de producción, adjudicación de baldíos, entre otros. Actualmente, la mayoría de estos conflictos son resueltos por jueces promiscuos en única instancia, luego, uno de los avances más importante que pretende este plan de ley es que todos los procesos cuenten con segunda instancia. Respecto a la preocupación por una supuesta “desposeimiento jurídico” es importante precisar que, el objetivo principal del plan es proteger la propiedad rural sin introducir cambios sustanciales en las reglas jurídicas relacionadas con la asignación de derechos de propiedad”.
De otra parte, para el representante por el Huila de Cambio Radical, Julio César Trianael Gobierno está promoviendo un plan “sin acaecer estipulado y destinado los medios para que la Rama Legislativo la ponga a funcionar”. Si no se hace, “será solo anuncios, publicidad, populismo y sin financiamiento”.
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