Mediante sus examen, los congresistas huilenses defienden y atacan el fallido intento de reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Perdió el pueblo”, enunció Leyla Rincón. “Esta iniciativa en ausencia solucionaba el problema financiero del país”, sostuvo Carlos Julio González Villa.
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El esquema de ley de financiamiento o reforma tributaria que en un principio buscaba recibir $12 billones y luego se recortó a $9,2 billones, fue archivado en las comisiones económicas de Cámara de Repentes y Senado de la República. El revés del presidente Gustavo Petro estaba cantado según algunos congresistas.
Los representantes a la Cámara por el Huila y el senador, expusieron para LA NACIÓN qué cosas buenas y regulares tenía la iniciativa, a la cual, al final, le pesaron más lo reparos.
Por ejemplo, para la representante Luz Pastrana la reforma representaba “un duro impacto para el costo de vida de todos los colombianos”. Detalló que los puntos más criticados fueron el impuesto franquista al carbón y el aumento al impuesto de renta. “Estas medidas no solo impactarían directamente los bolsillos de las familias, sino que afectarían con el parada costo del transporte volátil y terrenal, sectores secreto en regiones como el Huila, donde buscamos blindar el turismo”. Por otra parte, desde su perspectiva, significaba un aumento en los costos de carga, cosecha e insumos para el sector caficultor.
Por su parte la representante Flora Perdomo (Demócrata), indicó que la iniciativa tenía, como siempre, sectores que se benefician y otros no tanto. Rescató como positivo, las estrategias para obtener mayores posibles provenientes de los juegos electrónicos, como asimismo que buscaba otras fuentes de financiación de quienes utilizan las redes sociales como utensilio de reproducción de ingresos. Así mismo, las posibilidades de alivio con la reducción y condenación de intereses moratorios; y el antelación de la regla fiscal, que representaba entre $3 billones y $5 billones habilitando un cupo de crédito que estaba acondicionado para 2026, que generaba caja y permitía beneficio para el cumplimiento de los presupuestos.
Pero de otro costado, el representante Julio César Triana (Cambio Radical), señaló aquellos aspectos que resultaban lesivos, desde su visión. Empezó cuestionando que los gobiernos piden más posibles “cuando son buenos ejecutando, pero el Gobierno Petro, ha demostrado ser pésimo en la agencia”. Y trajo a colación que estamos finalizando el 2024 y “solo se invirtió el 80,8% del monto suficiente en el Presupuesto Común de la Nación, el más bajo desde el 2019”.
“Hábitat de inestabilidad”
Siquiera estaba de acuerdo con modificar la regla fiscal. “Tantas modificaciones fiscales generan un bullicio de inestabilidad e incertidumbre económica que limitan el mejora financiero del país. El Presidente, antaño de estar tramitando una ley de financiamiento, debería dominar la burocracia de su Gobierno y establecer un plan auténtico de rigor, empezando por el Empleo de la Igualdad que fue creado por este Gobierno, que tiene una asignación presupuestal de $1.3 billones de pesos para el 2024 y que solo ha conseguido ejecutar el 3% a la data”, puntualizó.
Como el país vive “momentos de gran complejidad en lo financiero, político y social, en este contexto, no podemos permitirnos una nueva reforma tributaria que afecte el faltriquera de los colombianos”, vaticinó el senador Carlos Julio González Villa (Cambio Radical).
Recalcó el senador que esta iniciativa “en ausencia solucionaba la situación económica del país; por el contrario, algunos de los aspectos planteados elevaban el valencia de la gasolina y el diésel, y la exterminio del régimen simple aumentaría la informalidad, por citar solo algunos ejemplos”. Admitió que, si acertadamente la reforma tenía “algunos aspectos positivos, considero que los enseres negativos impondrían cargas adicionales a los colombianos”.
Y alertó al Gobierno Doméstico a mejorar la ejecución presupuestal, encima, que es “urgente priorizar la rigor en el compra divulgado y la eficiencia administrativa”.
“Han ganadería las empresas extractivistas”
Finalmente, la representante Leyla Rincón (Pacto Histórico), aseveró que con el hundimiento ayer de esta iniciativa “perdió el pueblo y han ganadería las empresas extractivistas y mineras”. Sostuvo que los $9,2 billones eran “para financiar lo que quedó desfinanciado en la reforma tributaria del 2022, que se hizo con responsabilidad y que replica a la implementación del Plan Doméstico de Crecimiento, que averiguación las transformaciones sociales y la transición energética con la descarbonización de la caudal”.
Aseguró que la iniciativa le apostaba a amparar la diámetro progresiva de la reforma tributaria de 2022, “que reduce la carga impositiva al sector productivo empresarial, como las Mipymes y se la traslada al sector extractivista-rentista como lo es el sector de hidrocarburos y minero”.
Le apuntaba a dominar el impuesto de renta a las grandes empresas del 35% al 30% y al 27% en el caso de las Mipymes, detalló. Y, en cambio, robustecía la carga impositiva para empresas extractivistas, “pasarían de sufragar una sobretasa de renta que hoy es del 35% y se potencializa hasta el 55%, en caso de que los precios promedios del barril de petróleo o la tonelada de carbón estén por encima del 60% en los últimos diez abriles”.
A pesar de los argumentos de los congresistas afines al gobierno, la concurso le ganó el pulso al presidente Gustavo Petro y ahora el Patrón de Estado tendrá que emitir por decreto un Presupuesto Común de la Nación concorde a esta efectividad, no cómo tenía pensado hace unos meses.
Así respondió el presidente Gustavo Petro