Combinar inversiones forzosas al sistema financiero con una nueva reforma tributaria a la cual el gobierno le ha denominado ‘ley de financiamiento’, es la fórmula del presidente Gustavo Petro para animar la heredad del país, tras los desequilibrios macroeconómicos que surgieron durante la musculoso recuperación económica postpandemia del covid-19 (2020).
CATERÍN MANCHOLA
@cate_manchola
Si correctamente las inversiones forzosas no son nuevas en el país y de hecho actualmente algunas permanecen vigentes, la propuesta puntual del presidente Gustavo Petro sobre este tema ya cuenta con varios detractores, no solamente en el espectro político como era de esperarse, sino crematístico desde la examen de varios expertos.
Durante el Foro de Reactivación Económica ‘Confianza para crecer’, el Director de Estado reiteró que “Si logramos combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento –reforma tributaria-, que el Congreso tendría que aprobar, organizadas rodeando de la transición a una heredad descarbonizada y a una heredad productiva, tendríamos una posibilidad de reactivación económica”.
Días antiguamente el presidente ya había emprendedor la propuesta de inversiones forzosas a la banca para su exploración y discusión, como una posible alternativa para hacerle frente a la situación compleja por la que atraviesa la heredad del país.
¿Qué son?
El Centro de Estudios Económicos – Afnif define que las inversiones forzosas obligan a las entidades financieras a cambiar un porcentaje de sus depósitos en determinados títulos con bajos rendimientos, usualmente emitidos por una entidad pública, o a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el Gobierno como prioritarios.
Y Petro ya precisó que se requiere transigir inversiones a unos sectores productivos que son agricultura, agroindustria, industria, turismo y vivienda.
Tanto la Anif, como el Director de Estado, Corficolombiana, el exministro José Antonio Ocampo, entre otros, coinciden en que las inversiones forzosas no son nuevas en el país. “Ya existen, hace tiempo, esto no es un invento nuestro”, dijo el presidente.
Y agregó que “el peculio del sabido que está pacífico en los bancos o la cartera que se está deteriorando de guisa creciente por la tasa de interés adhesión, la podamos transigir, una parte de ese peculio sabido, a Bancóldex, al Cárcel Campesino o al Fondo Doméstico del Hucha, para traducirlo con destino a los sectores de la producción: industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso, yo diría, de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente”.
Los posesiones
Pero a diferencia del gobierno, los expertos alertan que se han implementado, sin requisa, además se han “desmontado oportuno a sus posesiones distorsionadores en el mercado financiero”.
“Actualmente, la única inversión forzosa para los Establecimientos de Crédito (EC) en Colombia son los Títulos de Mejora Agropecuario (TDAs). Los TDAs, creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por FINAGRO, están indexados a la DTF o la IBR menos un ganancia, con un plazo de un año. Los EC deben destinar el 1% de sus inversiones a TDAs”, enfatizó Corficolombiana en una de sus investigaciones económicas.
En su exploración sobre esta propuesta, la Anif ha establecido que “La evidencia es clara en mostrar que las inversiones forzosas no solo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del ganancia de intermediación”.
Recalcó que la experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. “En una parecido quizás imperfecta pero simple, una inversión forzosa al sistema financiero es equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastarse parte de sus ingresos en un activo con depreciación rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la heredad”.
“Impacta a los ahorradores”
Igualmente subrayó que “Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los capital disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”. Y esas fueron las razones que llevaron a su matanza escalonado, con la excepción ya descrita.
En suma, los expertos califican parte de la logística del presidente como “un retroceso”. Y aseguró que “pierden” tanto los ahorradores como los bancos.
Por su parte Corficolombiana señaló que entre las implicaciones específicas de las inversiones forzosas en los riesgos financieros y los márgenes de intermediación de los establecimientos de crédito están: peligro de crédito, peligro de mercado, peligro de solvencia y que puede afectar la composición del activo, entre otras.
“El incremento en las inversiones forzosas disminuye el ganancia de intermediación y por ende las utilidades y el espacio de crecimiento de los establecimientos de crédito”.
“Aumentan la carga de deuda pública para Sociedades Públicas Financieras (SPF) como FINAGRO. Aunque las calificadoras de peligro supervisan el endeudamiento del Gobierno Doméstico Central y Militar, las SPF gestionan su propia fiscalidad, no incluida en la evaluación de peligro. Así, el aumento de la deuda en SPF como FINAGRO no afecta directamente la deuda del Gobierno Doméstico Central evaluada por calificadoras. Sin requisa, el uso excesivo de inversiones forzosas podría deteriorar la calidad crediticia de estas entidades y elevar el costo de la deuda soberana, aumentando así el costo de la deuda y del hacienda propio para todas las entidades y ciudadanos del país. Encima, estas medidas generan incertidumbre regulatoria y reducen la percepción de facilidad para cambiar y hacer negocios en el país, potencialmente incrementando el costo del hacienda a dispendioso plazo”.
Así las cosas, para los expertos el gobierno tiene mejores opciones para avanzar en materia de reactivación económica vía crédito.
Por ejemplo, podría concertar con el sistema financiero una metas concretas y urgentes de colocación a sectores específicos como el turismo y el labrantío, en el interior del contexto del recientemente anunciado Pacto por el Crédito.
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