La situación entre Panamá y Nicaragua respecto al asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli ha generado una escalada de tensiones diplomáticas. Panamá ha llamado a consultas a su embajador en Nicaragua debido a lo que considera una violación “flagrante y reiterada” del derecho internacional por parte de Nicaragua al permitir a Martinelli desplegar acciones político-partidistas desde la embajada nicaragüense en Panamá.
La negativa de Panamá a reconocer el asilo político concedido a Martinelli se basa en el argumento de que fue sentenciado por un delito común, por lo que no sería aplicable en su caso. Esta postura ha generado tensiones adicionales entre ambos países, ya que Nicaragua ha acusado a Panamá de violar las convenciones sobre asilo al no reconocer el asilo concedido y al negarle el salvoconducto para viajar.
El gobierno de Nicaragua sostiene que Panamá está incumpliendo las convenciones sobre asilo al no permitir la salida de Martinelli del territorio panameño, como establece la Convención sobre Asilo de 1928. Esta situación ha llevado a una confrontación diplomática entre los dos países, con acusaciones cruzadas sobre el cumplimiento de las normativas internacionales.
Es importante destacar que este conflicto diplomático se produce en un contexto de tensiones políticas internas en Panamá, con Martinelli aspirando a la presidencia nuevamente a pesar de su condena penal. La participación de Martinelli en la política panameña ha sido objeto de controversia y ha generado divisiones dentro del país.
En resumen, la disputa entre Panamá y Nicaragua en torno al asilo de Ricardo Martinelli refleja las complejidades de las relaciones diplomáticas y el respeto por el derecho internacional en América Latina. La situación sigue siendo fluida y es probable que continúe desarrollándose en los próximos días, con posibles repercusiones en la estabilidad regional.