Cualquier cosa que decida el tribunal podría afectar la composición del próximo Congreso de Estados Unidos.
Los jueces federales que recientemente rechazaron el plano electoral del Congreso de Luisiana que daba al estado un segundo distrito mayoritariamente desfavorable han organizado ahora a la Tiempo estatal que apruebe un nuevo plano ayer del 3 de junio o enfrentarán la perspectiva de que los jueces simplemente impongan uno.
“El Tribunal señala que la Tiempo de Luisiana está en sesión hasta el 3 de junio de 2024, y este Tribunal le brinda la oportunidad de promulgar un nuevo plano del Congreso durante ese período”, escribieron los jueces.
“Sin incautación, dadas las limitaciones de tiempo descritas por el Secretario de Estado (Doc. 217), este Tribunal debe proceder simultáneamente con la ‘obligación no deseada’ de dibujar un plano correctivo para respaldar que un plano compatible esté avispado a tiempo para la reunión del Congreso de 2024. opción”, agregaron.
Cualquier cosa que salga del tribunal podría afectar la composición del próximo Congreso de Estados Unidos. Un nuevo distrito mayoritariamente desfavorable daría a los demócratas la oportunidad de capturar otro escaño en la Cámara, dados los patrones de votación predominantes en Luisiana.
“Hoy, tres jueces federales que nunca pasaron un día dirigiendo una opción han ignorado testimonios no contradictorios de que necesitamos un plano para el 15 de mayo, y una vez más pusieron patas hacia lo alto las elecciones al Congreso de Luisiana”, escribió la Sra. Murrill, añadiendo que el caso se encamina en torno a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Fondo
Posteriormente de que se anuló el veto, una coalición de demandantes, representada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentó una demanda.
La orden del tribunal de apelaciones señaló que si la sesión estatal no adoptaba un nuevo plano ayer de la plazo final, el tribunal inferior debería avanzar a un prudencia para finalizar los límites rediseñados a tiempo para las elecciones de 2024.
El autoridad de Luisiana, Jeff Landry, que era autoridad electo de Luisiana en el momento del desacierto del tribunal de apelaciones, dijo que tenía la intención de convocar una sesión singular para retornar a dibujar el plano.
Sin incautación, el nuevo plano fue cuestionado en los tribunales por votantes que afirmaron que el estado había participado en la “segregación étnico explícita de los votantes y la discriminación intencional contra los votantes por motivos de raza”.
Además alegaron que el nuevo plano violaba sus derechos de las Enmiendas 14 y 15.
En una intrepidez dividida 2-1 el 30 de abril, los jueces se pusieron del flanco de los demandantes.
En una disidencia, el enjuiciador del Tribunal de Circuito Carl E. Stewart, designado por el ex presidente Bill Clinton, escribió que no encontró que los demandantes en la demanda hubieran cumplido con su carga de establecer que el nuevo plano equivale a una manipulación étnico inconstitucional.
En ese momento, Murrill prometió solicitar una revisión de la Corte Suprema y, en su última enunciación del 7 de mayo sobre el asunto, dijo: “Esta semana nos dirigiremos a la Corte Suprema de Estados Unidos”.
Katabella Robertson contribuyó a este mensaje.