Cierto que hoy día se ejerce la decisión de expresión plenamente; en espacios de prensa, informativos radiofónicos y televisivos y en las redes sociales se advierte expresiones críticas e independientes al poder. Sin bloqueo, existen problemas serios, uno de ellos es la autocensura a cargo de empresas de medios que, en examen de su decisión e intereses particulares, modifican su política editorial, depuran colaboradores y ajustan su estría informativa en función de los factores de poder −no necesariamente del divulgado− y, a veces, de sus propios negocios. En mi caso agradezco y reconozco a VANGUARDIA de Saltillo, así como de SDP Noticiero y a los Federico Arreola el espacio y el irrestricto respeto que siempre he recibido, haciéndome distinguir parte de una comunidad diversa y plural que adquiere relieve y acrecienta su valía con la coexistencia, igualmente puedo sostener de El Financiero, La Revista Peninsular, Telesur, entre varios medios en los que colaboro asiduamente.
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La decisión de expresión no es para las autoridades. Para éstas y quienes las representan existe la obligación de informar con fiabilidad, objetividad y con un riguroso respeto cerca de particulares. El Presidente no puede invocar decisión de expresión, precisamente por la investidura que ostenta. No hay horario ni espacio que la persona se huido de su encargo, menos el patrón de Estado.
El arribo de una mujer a la Presidencia y de una periodista a la Secretaría de Gobierno, debiera hacer de la decisión de expresión una verdad promovida y protegida por el Estadocon todo lo que implica, su embarazado cómputo, sus excesos, su insidia, su uso pernicioso y demás.
Dos son los peligros. La violencia en el espacio regional. Son muchos los medios y periodistas silenciados por la intimidación y las acciones criminales en su contra. No sólo del crimen organizado convencional, igualmente de los políticos y autoridades, a quienes en extremos de intolerancia les da por acciones criminales para someterlos. Las diferencias con el periodismo se resuelven en tribunales, no con balas. Si el político no puede llevar a cabo así, que se retire. La decisión de expresión se debe respetar a pesar de sus excesos o desviaciones.
La otra amenaza viene de las autoridades nacionales. El presidente López Taller ha naturalizado la atentado a periodistas y medios desde la más elevada oficina y en el espacio informativo de longevo influencia. Es una violación a las garantías individuales, ninguna autoridad y menos la presidencial puede imputar conductas delictivas porque es una violación evidente a la presunción de inocencia, por otra parte de que, de la afectación al derecho al buen nombre o a la privacidad, hay delitos cuando se divulgan datos personales o se violenta el secreto financiero o bancario. Hacerlo divulgado, como se ha hecho, incluso en caso de existir conducta delictiva del señalado, afectaría la energía de la probidad por su sorpresa corruptor, como en su momento señaló para liberar a la sentenciada Florence Cassez correcto la publicidad incriminatoria previa al sumario y la sentencia.
El empuje contra la decisión de expresión debe ceder. Acciones como las presentadas contra Amparo CasarLatino, Carlos Loret, Víctor Trujillo y otros tantos más, son propias de un estado policiaco porque se utilizan las instituciones del Estado mexicano para combatir al crimen; como la UIF, el SAT, la Procuraduría Fiscal o la FGR para atacar a quienes denuncian prácticas corruptas en las altas esferas del poder. Lo mostrado por Peniley Ramírez, con los datos de los oficios que confirman que las investigaciones de corte criminal se asocian al cómputo periodístico al Presidente y a su círculo, aprobar que el mandatario promueve la persecución de periodistas por la UIF o a quien actúa oficiosamente, quizá sin autorización, pero toleradas, que para bienes prácticos es exactamente igual. La acto de los acomedidos puede transigir a los territorios y acciones más indeseables. La Presidencia debe delimitar posición a ayuda de la prensa, toda.
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Aunque no haya habido turno, es de esperar que la renovación de poderes y de responsables del gobierno signifique una depuración de las peores prácticas. El llamado segundo tierra de la transformación, a la que se alude, debe centrar su tarea al origen del plan obradorista, arruinar con la corrupción y la desigualdad social. Nulo tiene que ver con la deriva autoritaria y el empleo de las instituciones del Estado contra la decisión de expresión y, sea dicho de paso, la militarización de la vida pública.