HASTA CUANDO SEGUIRA LA MAFIA MANEJANDO Y COMETIENDO DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL EN COLOMBIA.
La reciente serie de eventos relacionados con la explotación sexual infantil en Medellín ha generado una seria preocupación en la sociedad. Desde el caso de Timothy Alan Livingston, quien fue encontrado en el hotel Gotham en compañía de dos menores de 12 y 13 años el 28 de marzo, hasta la captura de Juan Pablo González, hallado con un niño de 12 en un apartamento en la misma ciudad, y el arresto de un hombre de 27 años con dos menores en un motel en La Estrella, sur del valle de Aburrá, las alarmas han sonado con fuerza.
Según el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en el período comprendido entre 2010 y 2023, se registraron 3.090 víctimas de delitos asociados a la explotación sexual de menores en Medellín, siendo el 77,4 por ciento de ellas niñas y adolescentes.
Una investigación reciente de la Mesa contra este delito en Medellín reveló que los perpetradores suelen ser personas desconocidas, en su mayoría jóvenes o adultos con ingresos medios, residentes en la ciudad o visitantes internacionales.
Detrás de estos casos, se encuentra un complejo entramado criminal que trasciende fronteras y se entrelaza con el microtráfico y otras actividades ilícitas. Estas redes ofrecen servicios sexuales, incluso con menores de 14 años, lo que constituye un delito, y utilizan plataformas en internet como su principal vitrina.
Las investigaciones han revelado que estas páginas son de difícil acceso en Colombia debido a los bloqueos, pero están disponibles en el extranjero, especialmente en Norteamérica e Israel. Ciudadanos de estos países vienen al país con el único propósito de buscar servicios sexuales, tanto de adultos como de menores.
En los últimos cinco años, las autoridades colombianas y estadounidenses han logrado la captura de 13 extranjeros por delitos de explotación sexual ocurridos en Medellín y sus alrededores. El último golpe contra pedófilos foráneos se produjo hace un mes con la judicialización de los estadounidenses Richard Opalinski y Dominik Divincenzo, acusados de explotar y abusar sexualmente de niñas y adolescentes.
Las víctimas también han señalado la participación de familiares o personas cercanas en este delito, así como la implicación de organizaciones criminales como ‘la Terraza’, ‘Robledo’, ‘los Pesebreros’ y ‘la Raya’, especialmente en la zona rosa de El Poblado.
En respuesta a estos eventos, el alcalde Federico Gutiérrez decretó la suspensión temporal de las actividades y servicios sexuales en la zona rosa de El Poblado durante seis meses, con el objetivo de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta medida se suma al toque de queda para menores aplicado en el sector desde principios de año.
A pesar de estas acciones, la efectividad de las mismas está en debate. Si bien se reconoce la voluntad política de adoptar medidas para mitigar la problemática, se pide a la administración invertir en programas sociales que aborden las causas subyacentes de la vulnerabilidad de los menores.
El combate contra la explotación sexual de menores es una de las prioridades de la administración municipal. Sin embargo, hasta la fecha, el anteproyecto del plan de desarrollo no incluye programas, acciones e indicadores específicos para abordar este delito.
Es evidente que la explotación sexual de menores no es un problema exclusivo de Medellín, sino que afecta a otras ciudades del país. Es necesario un esfuerzo conjunto de las autoridades y la sociedad para combatir este crimen y proteger a los niños, niñas y adolescentes de sufrir abusos y violencia.