la sociedad interamericana de presa SIP a manifestado gran preocupacion por la ley que criminaliza el ejercicio profesional y no profesional del periodismo en la Republica Dominicana, su preocupacion es por la ley 1-24 que crea un delito la publicacion de noticias sobre funcionarios publico y tambien el poder que esta ley le otorga a un organismo de investigacion y represion para actuar sin protocolo de derechos fundamentales y sin la debida intervencion de los jueces para autorizar o no la investigacion o su arresto a ciudadanos y todo aquel que el DNI entienda que deba ser perseguido.
Este artículo destaca las preocupaciones expresadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con respecto a la Ley 1-24 en República Dominicana, la cual establece la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la SIP, esta ley podría tener efectos negativos en la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad, lo que a su vez podría poner en riesgo las libertades de prensa y expresión.
El artículo menciona que el artículo 11 de la ley es especialmente controvertido, ya que otorga a la DNI la facultad de obligar a instituciones privadas o personas físicas a entregar información requerida, lo que se percibe como una amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa.
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha respondido a estas críticas instruyendo la formación de una comisión intersectorial, que incluye a la Sociedad Dominicana de Diarios, para revisar la ley y proponer salvaguardas. Se está trabajando en la reforma del texto para lograr consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones que han objetado la ley debido a sus ambigüedades y posibles violaciones constitucionales.
Se espera también que el Tribunal Constitucional emita fallos sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, y en el Congreso se han propuesto algunos anteproyectos de ley para modificar la legislación existente.
Este tipo de noticias resalta la importancia del debate público y la participación de diversas partes interesadas en la formulación y revisión de leyes que afectan a la libertad de prensa y expresión.