La defensa sostiene que el fiscal de distrito presentó en el motivo declaraciones perjudiciales relacionadas con los actos oficiales del expresidente en el cargo.
Las partes habían solicitado permiso para discutir sobre el impacto de la valor del 1 de julio de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial, y el togado concedió las solicitudes. La defensa tiene como plazo el 10 de julio para presentar una moción y los fiscales tienen como plazo el 24 de julio para presentar una respuesta. El togado todavía concedió una solicitud separada de los fiscales para presentar una recomendación de sentencia.
“Los veredictos en este caso violan la doctrina de inmunidad presidencial y crean graves riesgos de ‘un Poder Ejecutante que se canibaliza a sí mismo’”, escribieron los abogados defensores en una carta del 1 de julio al togado, solicitando permiso para presentar una moción para anular el veredicto ayer del 10 de julio, un día ayer de la audiencia de sentencia programada.
Discusión sobre actos oficiales
En marzo, los abogados defensores presentaron una moción para delimitar el envergadura de las pruebas en el caso de Nueva York y excluir los actos oficiales del presidente. El togado Merchan había rechazado la moción por considerarla “inoportuna”, poniendo en duda la buena fe de la defensa. El togado determinó que la defensa podría acaecer presentado la moción cuando intentó trasladar el caso a un tribunal federal, ayer de la vencimiento contorno para las mociones para delimitar las pruebas utilizadas en el motivo, o cuando intentó desestimar el caso penal federal del expresidente en el Distrito de Columbia basándose en la inmunidad presidencial.
Los abogados defensores dijeron que el togado falló incorrectamente y que los plazos a los que se refería no se aplicaban a las mociones de reserva de pruebas. El togado respondió que podía lanzarse sobre las objeciones basadas en la inmunidad presidencial durante el motivo.
Ahora, la defensa argumenta que a pesar de las objeciones, el fiscal de distrito presentó declaraciones y pruebas perjudiciales en el motivo.
Los fiscales describieron un evento en la Oficina Oval como “devastador” e introdujeron declaraciones del presidente y testimonios de testigos sobre trabajar para el presidente en la Casa Blanca, argumentó la defensa.
“Esta prueba, basada en actos oficiales, nunca debió acaecer sido presentada frente a el tribunal”, argumentaron los abogados defensores.
La Corte Suprema sostuvo que un presidente “no puede ser procesado por profesar sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho, como pequeño, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”. Los fiscales tendrían que refutar la presunta inmunidad por actos oficiales ayer de que se le pudiera manifestar por ellos.