A lo dilatado de su campaña presidencial, Trump prometió iniciar un plan de deportación masiva dirigido a inmigrantes ilegales.
La gobernadora de Massachusetts dijo que su sucursal no cumpliría con las futuras solicitudes del presidente electo Donald Trump de deportar a inmigrantes ilegales.
Con la conquista del martes, Trump se convirtió en el primer presidente en percibir dos mandatos no consecutivos en más de un siglo. Hasta el viernes por la tarde, había obtenido más de 73,5 millones de votos y había conseguido avances en múltiples estados controlados por los demócratas.
En respuesta, los gobernadores de Nueva Pullover, California, Nueva York, Massachusetts e Illinois (todos demócratas) indicaron que intentarían desafiar las políticas iniciadas por Trump, incluidas las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y las cuestiones relacionadas con LGBT. Los gobernadores no esbozaron ninguna propuesta de política específica más allá de enumerar ideas de política militar.
“No. Absolutamente no”, dijo cuando se le preguntó si la agencia de policía estatal ayudaría a la sucursal Trump. “Creo que es importante que todos reconozcamos que habrá mucha presión sobre los estados y los funcionarios estatales. Puedo asegurarles que vamos a trabajar duro para lograrlo”.
A lo dilatado de su campaña, Trump prometió iniciar un plan de deportación masiva dirigido a inmigrantes ilegales, mientras que el vicepresidente electo JD Vance indicó que la sucursal comenzaría deportando aproximadamente de 1 millón de extranjeros ilegales con condenas penales.
Como fiscal militar de Massachusetts, Healey presentó múltiples demandas contra la primera sucursal Trump y nuevamente sugirió el jueves que podrían tener más acciones legales sobre la mesa.
“Es necesario tener en cuenta algunas realidades, y eso fue en 2016, tuvimos una situación diferente en los tribunales, y estoy seguro de que puede tener litigios por delante, hay muchas otras formas en que la clan va a proceder y debe proceder para el por el correctamente de sus estados y residentes”, dijo a MSNBC. “Existe autoridad regulatoria y poderes ejecutivos y cosas similares, todavía hay carta adentro de nuestro estado”.
Al momento de esta publicación, Trump no había respondido al comentario de Healey.
Fuera de Massachusetts, varios otros gobernadores demócratas indicaron que no cumplirían con ciertas políticas de Trump.
En el Estado Dorado, dijo Trump, es “irrealizable construir un automóvil a un precio legítimo” y que “la catástrofe descontrolada y desequilibrada de las personas sin hogar (y) el costo de todo, en particular los ‘comestibles’, está fuera de control”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en una conferencia de prensa que trabajaría con Trump en ciertos temas. Sin incautación, dijo que si la sucursal entrante intenta “dañar a los neoyorquinos o hacer retroceder sus derechos”, ella lucharía “en cada paso del camino”. Ella no dio más detalles.
En particular, su oficina presentó un caso civil contra Trump y su empresa, lo que resultó en que un togado de Manhattan les impusiera una multa a él y a su empresa de más de 400 millones de dólares. Ese caso, que Trump ha descrito como una forma de interferencia electoral, se encuentra actualmente en apelación.
“Mi oficina se ha estado preparando durante varios meses porque ya hemos estado aquí antiguamente, hemos enfrentado este desafío antiguamente y utilizamos el estado de derecho para defendernos”.
The Epoch Times se puso en contacto con la campaña de Trump para hacer comentarios el viernes, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.