Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Agrupación (DOF) el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública.
”La investigación de los delitos corresponde al Empleo Notorio, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutante Federal, a la Protección Franquista y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el prueba de esta función”.
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Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel doméstico serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Estos fondos serán auditados y su conveniente prueba vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutante.
”El Sistema contará con un Secretariado Ejecutante, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para alcanzar la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación competente, transparente y responsable, en el prueba de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Logística Franquista de Seguridad Pública”.
La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Logística Franquista de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el prueba de las funciones en materia de seguridad doméstico.
Le corresponderá la coordinación del Sistema Franquista de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales adicionalmente deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley.
Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Este decreto entró en vigor el 1 de enero de 2025.