El depósito de una querella por parte del empresario ítalocanadiense Antonio Carbone contra el expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el diputado Sergio “Gory” Moya y otras 123 personas marca un nuevo capítulo en una saga legal y política de alto perfil en la República Dominicana. Carbone acusa a estas figuras de despojarlo de bienes valuados en 580 millones de dólares, alegando que utilizaron artimañas para llevar a cabo este presunto despojo.
El relato de Carbone sobre su relación con Danilo Medina es especialmente llamativo, describiendo una amistad que se tornó en desconfianza y conflicto una vez que Medina ascendió a la presidencia. Carbone afirma haber sido procesado, arrestado y condenado a 20 años de prisión por un presunto intento de homicidio ocurrido en diciembre de 2014, aunque él asegura estar en Toronto, Canadá, en el momento del incidente. Según sus declaraciones, uno de sus empleados quemó un vehículo y lo acusó de ser el responsable, lo que resultó en su detención y posterior condena.
El papel de las instituciones judiciales también está bajo escrutinio en este caso. Carbone menciona haber solicitado investigaciones al presidente, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al comandante del DNI (Dirección Nacional de Investigaciones) sobre las circunstancias de su arresto en el aeropuerto. La anulación de la sentencia de 20 años de prisión por parte del Tribunal Constitucional en 2023 arroja más luz sobre la complejidad y las posibles irregularidades en el proceso judicial que enfrentó.
Este caso no solo plantea cuestiones sobre la presunta corrupción y abuso de poder por parte de figuras políticas y judiciales de alto nivel, sino que también refleja las tensiones entre la justicia y la política en la República Dominicana. La presentación de esta querella sugiere un intento por parte de Carbone de buscar justicia y recuperar lo que considera que le fue arrebatado injustamente, mientras que para otros, puede ser un episodio más en la intersección tumultuosa entre el poder político y el judicial en el país.