Aunque muchos mandatarios locales han celebrado la aprobación de la reforma al Sistema Universal de Participaciones, los economistas más reconocidos del país y centros de estudios han elevado sus voces de rechazo y alertas, incluso, el Bandada de la República.
Ayer, durante y a posteriori de la reforma al Sistema Universal de Participaciones no han cesado las críticas de los economistas del país, contra la iniciativa del Gobierno Franquista y liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que promete devolverle la independencia fiscal y económica a las regiones.
Según el Tarea, la reforma constitucional fue producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno Franquista, el Congreso de la República y las alcaldías y gobernaciones del país.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han suficiente desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de traza fiscal”, mencionó el ministro del Interior.
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje leve que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá. Con la entrada en vigencia de Acto Parlamentario, los entes territoriales pasarán a tomar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de guisa paulatino mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
“Riesgos fiscales”
Pero a los economistas no los termina de convencer la iniciativa, que ahora es una existencia. Por ejemplo, para el exministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, José Antonio Ocampo esta “genera serios riesgos fiscales, tal como lo hemos señalado un peña amplio de ex ministros de Hacienda y el ministro coetáneo (Ricardo Bonilla). Se siguió una razonamiento incorrecta: deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del doméstico, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los posibles. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de guisa razonamiento y sin gestar importantes riesgos fiscales”.
Así mismo, el director ejecutor del centro de investigación económica Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó que trae “consecuencias negativas en términos de la sostenibilidad de las fianzas públicas”, anotó que si perfectamente resta tramitar una ley de competencias que determinará cuáles son los gastos que se van a trasladar a las entidades territoriales, “persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un periodo de 12 primaveras que, en nuestros cálculos equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto, una monograma muy sobresaliente que seguramente generará mayores inflexibilidades en el compra y apretará aún más el escaso espacio fiscal”.
Por otra parte, sostuvo que no aborda tres aspectos fundamentales y son el fortalecimiento de los ingresos propios o tributarios de las entidades territoriales, las capacidades institucionales y no hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.
“Las consecuencias de la aprobación de esta reforma tendrán que ver con el aumento en el aventura de las finanzas públicas, el aventura país, es asegurar, un aumento en las tasas de interés de la deuda pública y igualmente un maltrato en el precio de otros activos como, por ejemplo, la moneda locorregional, no nos debería sorprender presiones al subida en el dólar”, vaticinó el director de Fedesarrollo.
En esa misma segmento, recién comenzó el debate en el Congreso un peña de analistas del Bandada de la República, alertó que hay un aventura fiscal y macroeconómico conveniente a este tesina de ley: “la senda de la deuda pública sería creciente, con exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en aventura la sostenibilidad fiscal”, es una de las alertas.
La reforma al Sistema Universal de Participaciones (SGP) entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales. Con este Acto Parlamentario, por otra parte de tomar más posibles, los territorios deberán robustecer su capacidad de autogobierno y admitir un rol más activo en la agencia, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.
La Asociación Franquista de Departamentos aplaudió que “Colombia avanza cerca de una verdadera descentralización”, afirmó. “Celebramos este logro para las regiones”.
“Es hacer razón”
El representante del Huila, Rodrigo Villalba celebró la aprobación de la reforma. “Es poco que hemos venido liderando los gobernadores a través de la Asociación Franquista de Departamentos, en hora buena, ya suficiente, por el Congreso de Colombia, es hacer razón”. Señaló que la Constitución de 1991 previó que hubiera un Sistema Universal de Participaciones y se les trasladara posibles a las regiones hasta el 48% de los ingresos corrientes, pero con contrarreformas del 2001 y 2007 “se fueron al traste, y hubo fue una posición regresiva y llegamos hasta el 20%. Hemos trillado pocos posibles, mucho centralismo”.