El Departamento de Estado publicó su informe anual de 2023, documentando casos preocupantes de torturas, abusos y desapariciones de personas en Venezuela. La situación de los derechos humanos en el país, según el informe, no ha experimentado mejoras significativas, manteniéndose críticas las condiciones bajo la dictadura de Nicolás Maduro.
Organizaciones no gubernamentales como Provea y el Centro Gumilla informaron sobre cientos de asesinatos en operativos de seguridad, con una alta proporción de víctimas jóvenes, especialmente varones de áreas empobrecidas. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad hasta agosto, siendo la Policía Nacional Bolivariana la más involucrada.
Los grupos armados no estatales y las bandas criminales también contribuyen al caos, participando en actividades violentas, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como los Yanomami. Hubo acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos, respaldadas por el Secretario de Estado debido a la falta de acción del gobierno venezolano.
El informe también destaca denuncias de tortura no reportadas por temor a represalias, con víctimas sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas óseas, evidenciando la impunidad de las fuerzas de Maduro. La Defensoría del Pueblo, afín al régimen, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura, lo que sugiere una falta de transparencia.
Además, se mencionan casos de detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a pesar de las denuncias de tortura de los detenidos. Los medios de comunicación y las ONG informaron sobre abusos regulares durante las detenciones, incluyendo golpizas y humillaciones.
Las desapariciones también son un problema grave, con organizaciones como FundaRedes documentando numerosos casos, especialmente en las regiones fronterizas. Se destaca la complicidad de agentes de seguridad en abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones.
El informe también aborda el deterioro de la libertad de expresión, con leyes que castigan las críticas al presidente y el uso de la Ley Constitucional contra el Odio para silenciar a activistas y periodistas. Se reportan violaciones significativas de la libertad de asociación y derechos laborales, así como ataques discriminatorios contra la comunidad LGBTQI+.
En resumen, Maduro y su régimen continúan enfrentando condenas internacionales por su papel en perpetuar abusos generalizados en Venezuela, lo que subraya la urgencia de medidas para proteger los derechos humanos en el país.