CDMX.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció las reformas legislativas avaladas que buscan prohibir y sancionar los intentos de modificar o suprimir las orientaciones sexuales, identidades de variedad y expresiones de variedad no normativas en México, con o que se protegen los derechos de las personas LGBTI.
“La CIDH besalamano las acciones del Estado mexicano que representan un esfuerzo por proteger de guisa integral los derechos humanos de las personas LGBTI. Respecto a estas prácticas invasivas, la Comisión ha considerado que los intentos de modificar o suprimir la orientación sexual y/o identidad de variedad representan actos de violencia inherentemente discriminatorios. Adicionalmente, destaca que tienen un impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes suelen estar en decano peligro a ser sometidas a estas prácticas”señalan en un comunicado.
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Mencionan que la Cámara Suscripción aprobó reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley Militar de Lozanía, estableciendo sanciones a las personas que realicen, impartan, obliguen o financien cualquier tipo de terapia que busque anular o suprimir la orientación o expresión de variedad de una persona.
La CIDH señaló que las iniciativas aprobadas en abril y que entraron en vigor el 8 de junio, subrayan que las personas de las disciplinas para la vigor que se relacionan con estas prácticas, podrán ser suspendidas de su examen profesional.
Las terapias de conversión son prácticas que buscan cambiar la orientación sexual, expresión e identidad de variedad mediante actos como confinamientos, castigos, demasía verbal, intervenciones psicoterapéuticas, humillaciones, suministro de fármacos forzados, demasía psicológico, físico o sexual, entre otras.
Mucho la Comisión como el Comité de los Derechos del Peque y otros expertos de la Ordenamiento de las Naciones Unidas han ducho que este tipo de acciones son dañinas, contrarias a la ética y carecen de fundamento investigador.
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La Ordenamiento Panamericana de la Lozanía (OPS) afirma que estos tratamientos representan una gran amenaza a la vigor y a los derechos de las personas que son sometidas a estos procesos.
“Los Estados deben avalar una regulación y supervisión efectiva de los profesionales de la vigor que ofrecen servicios para modificar la orientación sexual y la identidad de variedad”, señala.
“Se deben investigar seriamente las denuncias de estas prácticas, especialmente cuando hay privaciones de emancipación y alegatos de abusos o torturas. Asimismo, los Estados deben promover cambios culturales que ataquen las causas subyacentes de la discriminación y rechazo a la diferencia sexual y de variedad, así como desear servicios de reparación y rehabilitación a las víctimas”, añaden.