Los firmantes del Acuerdo Final de Paz entre las extintas guerrillas Farc – EP y el Gobierno Franquista protestaron pacíficamente para que el presidente Gustavo Petro “cumpla todos los acuerdos que tienen que ver, fundamentalmente, con la reforma agraria”, le informó a LA NACIÓN Víctor Hugo Silva Soto.
CATALINA MANCHOLA
@cate_manchola
Hasta la Agencia Franquista de Tierras (ANT), en Bogotá, acudieron decenas de firmantes del Acuerdo Final de Paz del Huila y otros departamentos, quienes hacen parte de organizaciones de riqueza solidaria y unidades productivas en el proceso de reincorporación económica y social.
El objetivo fue realizar una protesta pacífica al Gobierno Franquista del presidente Gustavo Petro para exigir que se cumplan los acuerdos. Tras el desarme, los reincorporados han creado más de 240 cooperativas que le apuestan a proyectos de diferentes renglones económicos como el café, tilapia, huevos y turismo, por citar solo algunos.
Víctor Hugo Silva Soto hace parte de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la paz (Coagropaz), en Huila, y asimismo asistió a la manifestación. Recalcó que se trató de una argumento de hecho pacífica, “pero donde le hacemos el señuelo al Gobierno Franquista para que cumpla a la brevedad todos los acuerdos que tiene que ver fundamentalmente con la reforma agraria (Punto 1 del Acuerdo), en el entendido de que tanto el Estado Colombiano y fundamentalmente algunos funcionarios de este Gobierno, pues, no han venido cumpliendo con lo determinado en lo pactado”, le dijo a LA NACIÓN.
Contextualizó que se trató de una “manifestación pacífica de todos los departamentos de Colombia: hay representatividad del Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, La Guajira, Arauca, los Llanos orientales, el Pacífico y el suroccidente, donde se está diciendo al gobierno de que tanto firmantes como campesinos y víctimas requieren que se les entregue tierras para ponerlas a producir, cosa que aún no se ha estimulado”, añadió.
De igual forma, hicieron un llamado para que cesen los asesinatos, la estigmatización y otras acciones que ponen en peligro la integridad física de los firmantes del Acuerdo de Paz y de los líderes sociales.
La confederación de Economías Sociales del Global (Ecomun) es una de las dos principales federaciones de cooperativas de los exfarc y lideró la protesta. La otra es la Tratado de Riqueza Solidaria Efraín Guzmán.
“Reincorporación digna”
Ecomun contextualizó que fueron las distintas expresiones organizadas de firmantes del Acuerdo Final de Paz del 2016 las que convocaron dicho plantón, que se llevó a parte el 27 de mayo, y su objetivo “es conquistar una reincorporación digna e integral”.
Esa exigencia, adicionalmente, está fundamentadas en los suscrito en La Habana, “como incorporación parte contratante, las personas que integramos en su momento las Farc-EP y que hoy nos encontramos comprometidos con la construcción de paz en los territorios”.
“Le exigimos al Estado colombiano que, garantice la vida, la seguridad física y jurídica, adjudicación de tierras para las organizaciones del proceso de reincorporación, vivienda digna como derecho fundamental y proyectos productivos sostenibles”, aseveró.
Las organizaciones reclaman:
– Respaldo de Seguridad Física y Jurídica. Desde la décimo activa en la implementación de los programas que tienen la tarea de respaldar nuestro derecho a la vida y la implementación de medidas de protección.
-Resignificar que la Entrada Parte contratante del Acuerdo Final de Paz, son las Farc-EP, como ordenamiento guerrillera en su momento. Esto implica respaldar la décimo en instancias de todas las expresiones que derivan del proceso de reincorporación de las FARC-EP y la no restricción monopolio de ningún sector de la reincorporación.
-Ruta con trazabilidad para el entrada de tierras para las organizaciones del proceso de reincorporación.
-Comparsa, fortalecimiento y financiación a los proyectos productivos, con seguro de sostenibilidad.
-Vivienda digna para la reincorporación.
Y finalmente, una mesa integral para enfrentarse las problemáticas surgidas de la no implementación de lo pactado, pues, “tal como lo ha señalado el Presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional, es el Estado quién está incumpliendo el Acuerdo. Llamamos a las entidades garantes para que se proteja la vida de quienes hoy nos encontramos exigiendo el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz mediante esta movilización social”.
El gobierno los escuchó. Tras la protesta y como punto de partida, se pactó la creación de una mesa interinstitucional de seguridad, tierra productiva y de vivienda.
Junto a memorar que, a mediados de mes, el presidente Petro dijo que el “Estado colombiano no quiere cumplir con el Acuerdo de Paz”. Pero esa responsabilidad es precisamente suya como Cabecilla de Estado.
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