La discurso realizada por el presidente Gustavo Petro, en la que afirmó que las tarifas de energía eléctrica cobradas actualmente son ilegales y se han convertido en una estafa, generó descontento. Los sectores energéticos se unieron y unánimente rechazaron dicha comunicación, mientras advirtieron que la situación es crítica y que, de no garantizarse tanto el plazo de subsidios como la Opción Tarifaria, el país puede hallarse en aventura de desabastecimiento o apagones.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
“Los usuarios del servicio de energía eléctrica requieren soluciones objetivas y no falsos señalamientos”, manifestaron los gremios que hacen parte del sector energético y conforman el comité intergremial.
A través de una misiva hicieron un llamado a la mesura. Rechazaron, adicionalmente, el discurso del presidente, Gustavo Petro Urrego, en Barranquilla, donde “se emitieron afirmaciones sin respaldo procesal ni técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad”, con los cuales se distorsiona la ingenuidad del problema de fondo que enfrentan.
Con las mismas, según el comunicado oficial, el Gobierno Doméstico ‘se residuo las manos’, desviando la atención sobre su responsabilidad en la errata de soluciones concretas frente a una crisis que se ha producido, al parecer, por algunas acciones inadecuadas u omisiones.
“Queremos recapacitar que las empresas generadoras de energía han invertido más de $140 billones en la infraestructura, permitiéndonos con ello pasar por más de 30 primaveras las sequías y el engendro del Párvulo. Por otra parte, durante los tres primeros trimestres de 2024, estas empresas aportaron a la peculio $36.5 billones, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo. Igualmente reiteramos que, históricamente, las tarifas de energía en Colombia no son las más costosas de la región y respaldan un mercado confiable”, insistieron.
Mensajes demuestran la errata de información
A renglón seguido, señalaron que la propuesta sobre la bolsa de energía que el Presidente menciona no coincide con la ingenuidad, por lo que consideran que los mensajes muestran errata de información. Reiteraron que el llamado, como sindicato, a las empresas por posibles incumplimientos de la normatividad es a denunciar con los respectivos soportes frente a las autoridades competentes.
“El panorama es engorroso y esta semana hemos sido testigos del impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de contexto. Es nuestro derecho y deber exigirle al Gobierno Doméstico que tome acciones necesarias para respaldar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque, como lo hemos dicho en otros escenarios, la situación es crítica y de no garantizarse tanto el plazo de subsidios como la Opción Tarifaria, el país puede hallarse en aventura de desabastecimiento o apagones”, concluyeron.
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Lo que generó el enfrentamiento
El descontento surgió luego de que el presidente Gustavo Petro, durante la ‘Movilización por la Democracia Energética’ en Barranquilla, sostuviera que “hoy puedo opinar con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada comunidad y a cada empresa de Colombia son ilegales”.
El cabecilla de Estado explicó que la fórmula que se ha venido aplicando para fijar las tarifas de la energía viene desde hace 30 primaveras, pues es aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), “una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el Presidente, pero que vienen de las generadoras privadas”.
Y esa fórmula, dijo él, “es una forma que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la concepción, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”.
Incluso, aseveró que, en los últimos cinco primaveras, cada colombiano y cada empresa, pequeña o extenso, ha pagado hasta diez veces más de lo oportuno, rompiendo la Constitución y la ley. “Nos han estafado, esa es la palabra, la estafa son miles de millones de dólares cada año, son billones de pesos que nos han robado”, detalló.
Con ese panorama, el mandatario invitó a defender la nueva fórmula que diseñó el Gobierno Doméstico y que fue aprobada el 18 de diciembre pasado, pues dijo que las otras alternativas no han funcionado.
Millonaria deuda del Gobierno Petro
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) envió una carta al Ocupación de Minas y Energía, así como al de Hacienda y Crédito Manifiesto, en aras de que brinden séquito e inicien las actuaciones correspondientes sobre la crisis energética que vive Colombia.
En el documento indican su preocupación respecto al aventura en la prestación del servicio conocido domiciliario de energía en el país, la cual se ha venido agravando en los últimos meses, oportuno al retraso del Gobierno Petro en el plazo de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, por un valencia que se estima en cerca de $659 mil millones, adicionalmente de la desarticulación sectorial promovida a través de distintos decretos, resoluciones y circulares.
“Resultan preocupantes los recientes pronunciamientos que se conocieron del Presidente, en los que reprocha, sin razones legítimas, el maniquí tarifario del servicio de energía y ataca a las instituciones que garantizan la gobierno valioso del mercado, la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de la normatividad que rige la actividad de concepción”, afirmaron. Igualmente amenazaron con interrumpir el servicio en distintas zonas del país, si desde el orden doméstico no se cumplen los compromisos y obligaciones.