Estados Unidos ha instado a Hong Kong a dejar de utilizar sus “leyes de seguridad franquista para silenciar la disidencia”.
Estados Unidos ha condenado la difusión de órdenes de arresto y recompensas por parte del gobierno de Hong Kong para activistas prodemocracia en el extranjero y la anulación de siete pasaportes adicionales, calificando la medida como un intento evidente de sofocar la disidencia y extender la represión transnacional.
En una información del 26 de diciembre, el Sección de Estado de Estados Unidos dijo que rechazaba los esfuerzos del gobierno de Hong Kong por “intimidar y silenciar a las personas que eligen hacer de Estados Unidos su hogar”.
Esto se produce luego de que el secretario de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, acusara a seis activistas prodemocracia de cometer delitos que incluyen incitación, escisión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras. Tang dijo que los seis habían comprometido la seguridad natural al proteger por que los funcionarios y jueces de Hong Kong fueran sancionados por gobiernos extranjeros a través de discursos, publicaciones en redes sociales y lobby.
En su información, el Sección de Estado dijo que las acciones de Hong Kong ignoran las normas internacionales y los derechos a la permiso de expresión y de reunión pacífica.
“Pedimos al gobierno de Hong Kong que deje de utilizar sus leyes de seguridad franquista para silenciar la disidencia”, dijo el Sección de Estado.
Leyes de seguridad franquista
Las medidas del gobierno de Hong Kong se derivan de sus controvertidas leyes de seguridad franquista, que según sus críticos se utilizan para criminalizar la disidencia y silenciar las voces de la examen en todo el mundo.
Estados Unidos y la comunidad internacional han expresado repetidamente su preocupación por la abrasión de las libertades democráticas en la antigua colonia británica luego de que Beijing impusiera una ley de seguridad franquista en 2020 tras meses de protestas a amparo de la democracia. Hasta ese momento, Hong Kong había disfrutado de un suspensión fracción de autonomía desde que la región fue devuelta a China en virtud de la Explicación Sino-Británica.
Sin confiscación, la ley de seguridad franquista otorgó a Beijing amplios poderes para reprimir la disidencia y escoriar las libertades de la ciudad.
IPAC además dijo el 24 de diciembre que “el continuo fracaso de la comunidad internacional a la hora de responsabilizar a China por el desmantelamiento de las libertades de Hong Kong exacerba la represión transnacional”.
El 26 de diciembre, el Sección de Estado describió la aplicación extraterritorial de las leyes de seguridad franquista de Hong Kong como una forma de “represión transnacional” que “amenaza la soberanía estadounidense y los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en todo el mundo”.
El Sección de Estado además condenó por separado al régimen chino por tomar medidas contra dos instituciones canadienses y 20 personas involucradas en cuestiones de derechos humanos relacionadas con los uigures y el Tíbet.
Andrew Chen, Frank Fang y Eva Fu contribuyeron a este mensaje.