La Mecanismo de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría Militar de la República emitió un resolución de responsabilidad fiscal de $87.027 millones por las irregularidades que se presentaron en el acuerdo que el Empleo de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados celebraron en 2020 para transigir internet a zonas apartadas.
Redacción Web/LN
La Contraloría Militar la República profirió un resolución con responsabilidad fiscal por $87.027 millones contra la Unión Temporal Centros Poblados, delante las irregularidades que se presentaron en la ejecución del acuerdo de aporte 1043 de 2020, celebrado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Empleo TIC, para instalar internet en apartadas zonas rurales del país, hecho que le costó el cargo a la exministra Karen Abudinen.
Para la Contraloría, se trató de una encargo fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del tesina Centros Digitales, que buscaba transigir internet de balde a zonas rurales de 16 departamentos del país.
La osadía se adoptó luego de que la Contraloría realizara una la valoración integral de la información recaudada en el situación del proceso de responsabilidad Fiscal No. 80011-2021-39465, en la que finalmente se determinó sentenciar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante constitucional.
El incumplimiento “conllevó a la terminación anticipada del acuerdo que implicaba el retorno de los medios públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una seguro bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera donado inicio al acuerdo y, por ende, no se hubieran desembolsado los medios por concepto de préstamo ($70.000 millones)”, destacó el compañía de control.
Los implicados
Adicionalmente de la responsabilidad del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora, y por tal razón asimismo declaró responsable fiscal al representante constitucional de la empresa distribuidora.
Adicionalmente, la Contraloría falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de plazo sin la demostración integral de los documentos que las soportaban, es proponer, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el llegada a dichos medios, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del tesina.