La explicación de culpabilidad por un delito último significará que la supervisora del condado de Cochise, Peggy Judd, evitará cargos por delitos graves y conservará su cargo.
Una funcionaria del condado de Arizona aceptó un acuerdo de culpabilidad a posteriori de ser acusada de retrasar la certificación de las elecciones de medio de período de 2022 en el condado de Cochise, en el que citó preocupaciones sobre la integridad de las elecciones.
Según el acuerdo de culpabilidad, Judd será sentenciado a liberación condicional sin supervisión durante 90 días y deberá avalar una multa de 500 dólares, según el fiscal universal de Arizona, Kris Mayes.
“No se tolerará ningún intento de interferir con las elecciones en Arizona”, dijo Mayes en un comunicado. “El acuerdo de culpabilidad y la sentencia de hoy deberían servir como un robusto recordatorio de que no dudaré en utilizar todas las herramientas disponibles para defender el estado de derecho y proteger la integridad de las elecciones de Arizona”.
Judd y su colega supervisor del condado de Cochise, Tom Crosby, los dos republicanos, votaron en contra de certificar el indagación de votos del condado antaño de la plazo orilla de certificación del 28 de noviembre de 2022 establecida por la ley estatal.
En una reunión de la Agrupación de Supervisores del Condado de Cochise, durante la cual Judd votó en contra de certificar los resultados, citó la desconfianza en las máquinas de votación de las elecciones, cercano con la error de un recuento manual. Ayer de las elecciones de medio de período, tanto Judd como Crosby votaron a privanza del conteo manual, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por un tribunal en respuesta a una impugnación legítimo.
Hobbs alegó que, según la ley de Arizona, la reunión debía “reunirse y sondear las elecciones antaño del 28 de noviembre, pero la reunión no tomó esta influencia requerida”, argumentando que la inacción de la reunión amenazaba con “privar potencialmente de sus derechos a (decenas de miles) de) votantes del condado de Cochise”.
En última instancia, un enjuiciador estatal dictaminó desde el tribunal el 1 de diciembre de 2022 que era ilegal que la reunión no certificara los resultados de las elecciones.
El enjuiciador del Tribunal Superior del condado de Pima, Casey McGinley, concluyó que la ley estatal es clara en cuanto a que la reunión no tiene autoridad legítimo para rehusar los resultados de una comicios y tiene el deber no discrecional de escrutar los votos. El único tablado bajo el cual la reunión puede retrasar el indagación más allá de la plazo orilla es si error alguno de los resultados.
La atrevimiento del enjuiciador provocó una reunión de emergencia, en la que la reunión del condado, incluido Judd, votó para certificar los resultados en cumplimiento de la orden, con Crosby abastraído ese día.
La incriminación contra Judd y Crosby alega que, entre el 11 de octubre de 2022 y el 1 de diciembre de 2022, los dos conspiraron para retrasar el indagación de los votos emitidos en el condado de Cochise durante las elecciones de medio de período, un cargo de delito llano. Alega por otra parte que desde el 14 de noviembre hasta el 28 de noviembre de 2022, la pareja interfirió a sabiendas con las tareas de los funcionarios electorales, impidiendo la transmisión oportuna de los resultados electorales del condado a la oficina de Hobbs, incluso un cargo de delito llano.
Crosby, quien se declaró inocente, aún enfrenta dos cargos de delitos graves.
El acuerdo de culpabilidad de Judd le permite evitar los cargos por delitos graves y conservar su derecho a sufragar, cercano con su puesto en la Agrupación de Supervisores del condado de Cochise.