Las y los gobernadores de todo el país –incluidas las entidades gobernadas por la oposición- solicitaron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Rectitud de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández permanecer la prisión preventiva oficiosa.
En una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Franquista de Gobernadores (Conago), formularon un pronunciamiento en calidad de “amigo de la corte” respecto de la resolución que deberá emitir el mayor tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.
En el documento las y los gobernadores advierten que es necesario permanecer la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
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Ello con el fin no sólo de impedir la violación de nuestra Carta magnasino de evitar un severo impacto en la seguridad pública de las y los mexicanosde las víctimas y testigosasí como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de suspensión impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la escazes de estar obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
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Señalaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa alega a una política de combate al crimen que permite asegurar una adecuada conducción del proceso penal y obtener el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitosprocurar que el responsable no quede impune, así como obtener que sean reparados los daños causados por el delito.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se proxenetismo de una atrevimiento que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos luego la valoración del que vive y tiene fundamentos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual atrevimiento adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.
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Conscientes de la importancia que reviste la observancia del mayor ordenamiento forense, nos pronunciamos en calidad de amigo de la cortecon total respeto a la figura que representa la SCJN.
Lo precedente a huella de que se considere asimismo el principio de supremacía constitucionalatendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delitopuesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.
(Con información de El Universal)