El Servicio de Salubridad anunció que apoyará las investigaciones de la Contraloría sobre pagos efectuados por las EPS.
Editorial Web/LN
El Servicio de Salubridad retomó el referencia de la Contraloría Caudillo de la República en el que se reportan hallazgos fiscales superiores a 5.4 billones de pesos que habrían sido utilizados de modo irregular por parte de varias EPS, y anunció medidas legales contra las Empresas Prestadoras de Salubridad señaladas en la investigación.
El Gobierno interpuso una demanda contra las EPS involucradas, señalando que estas entidades no cumplieron con su deber y pusieron en peligro la estabilidad en la prestación de los servicios.
La demanda fue admitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Tal bono constitucional está sustentada en Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Mecanismo de Suscripción por Capitación (UPC).
“Si una EPS utiliza los posibles de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”, lo que a su vez “constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salubridad de los afiliados”enfatizó el ministro de Salubridad, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Hay que rememorar que el pasado 5 de agosto del año en curso el contralor Carlos Hernán Rodríguez informó que se encontraron pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salubridad. El referencia del espantajo de control señala que la Nueva EPS habría destinado 40.000 millones de pesos para honorarios de miembros de la concilio directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, entre otros.