En medio de la crisis de seguridad, la Fundación para el Estado de Derecho interpuso una hecho popular buscando que se protejan “los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública y a la moralidad administrativa”, en el sección del Huila.
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En presencia de la ascenso de la violencia en el país y de lo cual el sección del Huila no es externo, la Fundación para el Estado de Derecho – FEDe Colombia, interpuso una hecho popular frente a el Tribunal Burócrata del Huila, para proteger los derechos de los ciudadanos en esta región.
Así mismo, realizó un prospección de lo que está ocurriendo para hacer un llamado urgente. Expuso el panorama locorregional con cifras oficiales, denuncias ciudadanas en medios de comunicación como LA NACIÓN y otros, así como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El objetivo puntual del medio procesal, es que se protejan “los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, a la moralidad administrativa, al dicha del espacio sabido y a la utilización y defensa de los intereses de uso sabido de la población que habita el sección del Huila”.
Expone que la violación sistemática a estos derechos ha venido ocurriendo con ocasión del recrudecimiento y aumento de la violencia en el país, y luego de que el gobierno decretara el cese al fuego sinalagmático y temporal de carácter doméstico, con grupos al ganancia de la ley, como el Estado Longevo Central -EMC y la Segunda Marquetalia disidencias de las Farc EP.
Según la fundación, la región opita se encuentra “desprotegida por las autoridades, facilitando que los miembros de grupos armados ilegales expandan su control territorial e incrementen la violencia contra la ciudadanía”.
Los responsables
Los accionantes son tanto la citada fundación, como Luis Guillermo Vélez Cabrera; quien fue administrador encargado del sección del Huila (2013), exsecretario genérico de la Presidencia de Juan Manuel Santos (2016), y exsuperintendente de Sociedades (2010).
De otra parte, los accionados son la Nación – Presidencia de la República, y los ministerios de Defensa e Interior, como asimismo el Instituto Colombiano de Bienestar Sabido.
En la hecho popular se pidió vincular a varias entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobierno del Huila, y las alcaldías de Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Titán, Hobo, Nátaga y Paicol.
La solicitud
La solicitud al Tribunal es “decidir vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el dicha del espacio sabido y la utilización y defensa de los intereses públicos en el sección del Huila”.
Así mismo, “ordenar a la Presidencia de la República y al Servicio de Defensa Franquista, a ejecutar actividades militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía en el sección del Huila en defensa de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el dicha del espacio sabido y, la utilización y defensa de los intereses públicos en el sección”.
Así mismo, cesar de las omisiones que ponen en aventura y amenazan los derechos colectivos, dictar de órdenes que se consideren pertinentes para la salvaguarda de los derechos, implementar actividades, metas e indicadores y asignar responsables; proteger la fuerza pública, intensificar el control territorial, e Implementar medidas de comunicación efectivas con los líderes, defensores de derechos humanos, entre otros actores interesados, para entregar la denuncia.
Incluso pide que se emita medida cautelar de aprieto, donde ordene la asimilación de un plan de respuesta “frente a la crisis de seguridad y orden sabido”, para certificar el orden, tomar denuncias relacionadas con el cumplimiento o infracción al cese al fuego sinalagmático; el plazo sería de 10 días.
Y otras medidas tendientes al control de cumplimiento emanado por el Tribunal por parte de los accionados.
Todavía no se ha admitido o inadmitido la hecho popular, no obstante, de acuerdo con Luis Guillermo Vélez, “La hecho popular no tiene solamente un valencia simbólico. Rastreo conminar al Gobierno Franquista y a sus organismos para que adelanten políticas específicas que garanticen el derecho a la paz y que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos entre ellos la seguridad pública. Los miembros de la FEDe hemos apoyado en el pasado procesos de paz y creemos que es la modo de resolver las situaciones de violencia, sin requisa, asimismo creemos que se deben exceder de modo efectiva y seria”.
En ese sentido, si la demanda es aceptada sería un “buen ejemplo para el país, respecto de la procedencia de este tipo de acciones para controlar lo que ocurre con la ‘paz total’, en otras regiones o departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia, entre otros”, concluyó Vélez.
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