Se prevé que nuevos procesos de oferta obligatoria trastoquen el régimen de licencias en algunos de los centros turísticos más rentables de Italia, y los operadores tradicionales están furiosos.
Los administradores de las playas de Italia, o “balneari”, plegaron sus tumbonas y cerraron sus sombrillas durante dos horas el viernes en protesta por una nueva ley de licencias.
Las codiciadas licencias de playas privadas de Italia permiten a los propietarios reservar espacios valiosos frente al mar y traspasar zonas para tumbonas y sombrillas de playa. Estos permisos se han transmitido normalmente de procreación en procreación, hasta ahora.
A partir de principios del próximo año, según una ley aprobada por Roma en cumplimiento de la norma de la UE, los propietarios de clubes de playa tendrán que solicitar permisos a través de nuevos procesos de oferta.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha enfrentado a una presión cada vez maduro para crear un campo de repertorio más calibrado para el mercado inmobiliario de playa, estrictamente controlado, desde que el mayor tribunal de la UE dictó sentencia en 2023 que las licencias no deberían renovarse automáticamente.
El Tribunal de Conciencia de la Unión Europea dictaminó que Roma debe cumplir con una código de la UE de hace décadas, además conocida como Directiva Bolkestein, que tiene como objetivo eliminar las barreras al comercio y los servicios del sillar y al mismo tiempo aumentar la transparencia.
Los gobiernos anteriores han demorado la implementación del proceso, pero Bruselas ha demostrado que está dispuesta a ejercitar presión (y dispuesta a repartir multas) para perdonar los frentes marítimos de Italia.
La directiva cubre todo, desde el sector de la construcción hasta la industria del turismo, incluyendo las playas privatizadas de Italia, una extensión de arena en extremo rentable que ocupa el 50% de la costa del país, según la asociación ambientalista italiana Legambiente.
Valentina Fabbri, presidenta de la estructura de defensa de la hostelería italiana Ostia Fiumicino Confesercenti, afirmó que 30.000 empresas y trabajadores se verán abandonados a su suerte por el nuevo sistema, que sólo garantiza licencias de un año de duración.
“Pedimos al Gobierno un compromiso concreto y práctico”, afirmó.
Hablando en la playa de Ostia, cerca de Roma, Fabri agregó que los dueños de negocios que han invertido en estas costas durante generaciones además merecen un reembolso.
Ruggero Barbadoro, presidente de Confesercenti Fiba de Roma, una confederación que representa a los operadores comerciales, turísticos y de servicios del sector del baño, dijo que el fresco cambio parlamento había causado “problemas” que estimularon la protesta a nivel franquista.
“Cerrar el paraguas hasta las 9.30 es simbólico”, dijo.
“Pero la verdadera protesta es que nadie nos está dando la oportunidad de poder renovar las concesiones y trabajar y ver un futuro (y) garantizarnos un futuro”.
Los bañistas se muestran comprensivos con las preocupaciones de los balnearios y uno de ellos en Ostia describe la protesta como “muy certamen”.
Otro argumentó que la protesta es “legítima” porque los dueños de negocios han perdido las piernas correcto a las nuevas leyes, que no sólo los afectan a ellos sino que tienen un objetivo dominó sobre los socorristas, limpiadores y otros empleados de temporada.